Ley Beckham para administradores de sociedades españolas: requisitos, riesgos y claves para conservar el régimen

Desde 2023, la Ley Beckham permite acogerse al régimen especial de impatriados a quienes se trasladan a España para convertirse en administradores de una sociedad española. Y, a diferencia de lo que ocurría antes de la reforma, pueden hacerlo incluso siendo socios mayoritarios de la compañía.

Sobre el papel, esto abrió una vía muy interesante para empresarios y profesionales extranjeros que quieren trasladarse a España: constituir o participar en una sociedad española, asumir su administración y aplicar el régimen fiscal de impatriados durante seis ejercicios, con una tributación del 24 % hasta 600.000 euros y del 47 % sobre el exceso.

Pero hay una conclusión importante que conviene tener clara desde el principio:

Ser administrador de una sociedad española no garantiza el acceso ni la permanencia en la Ley Beckham.

En la práctica existen cuatro filtros que deben analizarse antes de estructurar cualquier traslado:

• El nombramiento como administrador debe ser la causa real del desplazamiento a España.
• Si la sociedad es patrimonial, la participación del administrador debe ser inferior al 25 %.
• El administrador no puede desarrollar una actividad económica por cuenta propia incompatible con el régimen.
• La sociedad debe tener una actividad y una estructura reales y no actuar simplemente como vehículo para facturar el trabajo personal del socio.

Estos cuatro puntos son los que, en nuestra experiencia, determinan si una estructura es razonablemente segura o puede acabar siendo cuestionada por la Agencia Tributaria.

1. El traslado debe producirse como consecuencia del nombramiento

El artículo 93 de la Ley del IRPF no exige simplemente que el contribuyente sea administrador. Exige que el desplazamiento a España se produzca como consecuencia de la adquisición de esa condición.

Esta diferencia es fundamental.

La Dirección General de Tributos viene insistiendo, entre otras en las consultas V2708-23 y V1209-25, en que debe existir una verdadera relación de causalidad entre el nombramiento y el traslado.

Y existe un problema adicional: determinar si esa causalidad existe es una cuestión de hecho. Por tanto, aunque una consulta de la DGT pueda explicar cómo debe interpretarse la norma, será finalmente la AEAT quien valore las circunstancias concretas del contribuyente.

La sociedad debería existir antes del traslado

Desde un punto de vista de planificación, lo prudente es que la sociedad esté constituida y el nombramiento como administrador se haya producido antes de la llegada a España.

Si el contribuyente llega primero a España y constituye la sociedad después, resulta mucho más difícil defender que el traslado se produjo precisamente como consecuencia del nombramiento.

La consulta V1200-26 analiza una estructura en la que el contribuyente proyectaba constituir primero la sociedad española y posteriormente trasladarse para administrarla. La DGT admite ese planteamiento, aunque vuelve a recordar que la causalidad deberá acreditarse en cada caso.

Tampoco conviene dejar pasar demasiado tiempo

El problema funciona también en sentido contrario.

La AEAT está cuestionando casos en los que la sociedad fue constituida y el contribuyente fue nombrado administrador muchos meses antes de trasladarse efectivamente a España, argumentando que no existe una conexión temporal suficiente entre ambos hechos.

Ese criterio puede ser jurídicamente discutible. La ley exige causalidad, no simultaneidad absoluta.

Pero en planificación fiscal no tiene demasiado sentido construir una estructura que sabemos que probablemente acabará discutiéndose.

Lo recomendable es que constitución, nombramiento, aceptación del cargo y traslado formen parte de una secuencia temporal coherente y bien documentada.

2. Ser socio mayoritario ya no impide aplicar la Ley Beckham

Esta es probablemente la gran novedad introducida en 2023.

Antes de la reforma, un administrador con una participación igual o superior al 25 % normalmente no podía acogerse al régimen.

Ahora ese límite solo se mantiene cuando la sociedad administrada tiene la consideración de entidad patrimonial conforme al artículo 5.2 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Por tanto, un empresario extranjero puede, por ejemplo, ser propietario del 80 % o incluso del 100 % de una sociedad española operativa y acogerse a la Ley Beckham si cumple el resto de requisitos.

Cuando la sociedad sea patrimonial, en cambio, la participación debe situarse por debajo del 25 %. Un 25 % exacto ya genera vinculación.

Atención a la patrimonialidad sobrevenida

No basta con comprobar este requisito en el momento del traslado.

La condición de entidad patrimonial se determina en función de la composición de los activos de la sociedad y puede variar de un ejercicio a otro.

Una empresa inicialmente operativa puede acumular tesorería, vender una rama de actividad o invertir sus excedentes en activos financieros y acabar adquiriendo la consideración de patrimonial.

Para un administrador que mantenga una participación igual o superior al 25 %, ese cambio puede comprometer la continuidad del régimen.

Por eso, en determinados casos, la Ley Beckham exige también revisar anualmente el balance de la sociedad.

3. El gran riesgo oculto: desarrollar una actividad económica

Este es probablemente el punto más importante de todo el análisis.

El artículo 93.1.c) LIRPF y el artículo 113.2 del Reglamento limitan las actividades económicas que puede desarrollar una persona acogida a la Ley Beckham.

Por tanto, el verdadero riesgo no consiste en ser administrador.

El riesgo aparece cuando el socio-administrador empieza a prestar a su propia sociedad servicios que, fiscalmente, deben calificarse como rendimientos de actividades económicas.

La retribución como administrador es compatible

La remuneración correspondiente al cargo de administrador tiene la consideración de rendimiento del trabajo conforme al artículo 17.2.e) LIRPF.

En principio, por tanto, es plenamente compatible con el régimen.

Desde un punto de vista de planificación, además, suele ser recomendable que el cargo figure como retribuido en los estatutos de la sociedad.

Esto ayuda a justificar económicamente el desplazamiento, delimita mejor qué cantidades remuneran el cargo de administrador y evita otros problemas societarios y fiscales.

¿Puede el administrador trabajar también para su propia sociedad?

Sí.

Y esta es una de las principales conclusiones que puede extraerse de la consulta V1200-26.

La DGT analiza el caso de un socio-administrador que no solo dirige la sociedad española, sino que también participa personalmente en la ejecución de la actividad, incluso sin empleados inicialmente.

La DGT no considera que esa circunstancia provoque automáticamente la pérdida del régimen.

Lo importante es cómo deben calificarse fiscalmente las rentas que obtiene el administrador.

Por tanto, que el administrador trabaje materialmente dentro de la empresa no es, por sí solo, incompatible con la Ley Beckham.

El problema aparece cuando los servicios que presta son distintos de las funciones propias del cargo y su remuneración debe calificarse como actividad económica.

4. Especial cuidado con las sociedades profesionales

Aquí se encuentra uno de los mayores riesgos.

El artículo 27.1 LIRPF establece que los servicios prestados por un socio a su sociedad se califican automáticamente como actividad económica cuando concurren determinados requisitos, entre ellos que la sociedad desarrolle una actividad profesional incluida en la Sección Segunda del IAE y que el socio esté incluido en el RETA o en una mutualidad alternativa.

En ese escenario, pagar al socio mediante nómina en lugar de factura no resuelve el problema.

La naturaleza fiscal de la renta no depende del documento utilizado para pagarla.

Si jurídicamente existe una actividad económica, seguirá existiendo aunque la sociedad utilice una nómina.

Por eso resulta especialmente delicado aplicar esta estructura a consultores, abogados, arquitectos, ingenieros, médicos y otros profesionales cuya sociedad depende esencialmente de sus propios servicios personales.

5. Una sociedad sin estructura también puede generar problemas

Existe además un segundo riesgo, distinto del anterior.

Aunque la actividad de la sociedad no esté incluida en la Sección Segunda del IAE, la Administración puede considerar que la sociedad es simplemente un vehículo interpuesto para canalizar los ingresos personales del socio.

La jurisprudencia sobre sociedades interpuestas —entre ella la conocida sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 26 de octubre de 2022 en el caso Snofokk, relacionado con El Rubius— demuestra que la Administración y los tribunales analizan la realidad económica de la estructura.

El riesgo aumenta cuando la sociedad:

• carece de empleados o colaboradores;
• prácticamente no dispone de medios propios;
• todos los clientes contratan por las cualidades personales del socio; y
• la totalidad de los ingresos depende de su intervención directa.

En esas circunstancias, la Administración puede intentar atribuir directamente al socio la actividad desarrollada por la sociedad.

Para una persona acogida a la Ley Beckham, la consecuencia puede ser especialmente grave: esa renta podría convertirse en rendimiento de actividad económica y provocar la pérdida del régimen.

Esto no significa que una sociedad necesite necesariamente una gran plantilla para ser válida.

Significa que debe poder demostrarse que existe una actividad empresarial real diferenciada de la persona física que la controla.

6. ¿Qué ocurre con una empresa extranjera que ya existía?

Es también frecuente que el empresario que llega a España ya sea propietario de una sociedad en su país de origen.

Aquí hay que ser especialmente cuidadoso.

Si después del traslado sigue prestando personalmente servicios desde España a través de esa sociedad extranjera, pueden aparecer dos problemas.

Por un lado, podría considerarse que está desarrollando desde España una actividad económica incompatible con la Ley Beckham.

Por otro, su presencia en España podría generar un establecimiento permanente de la propia sociedad extranjera.

Por eso, antes del traslado debe analizarse qué sucederá con la estructura empresarial preexistente y qué funciones continuará desarrollando el socio desde España.

7. El coste de equivocarse es alto

Uno de los errores más frecuentes es pensar que, si aparece algún problema durante el régimen, simplemente dejará de aplicarse a partir de ese momento.

No funciona así.

El artículo 118 del Reglamento establece que el incumplimiento de una de las condiciones determinantes provoca la exclusión del régimen en el propio período impositivo en que se produce.

Y quien ha sido excluido no puede volver a optar posteriormente.

Esto puede implicar pasar a tributar por el IRPF ordinario, incluyendo potencialmente la renta mundial del contribuyente y, en su caso, las consecuencias correspondientes en el Impuesto sobre el Patrimonio.

Para contribuyentes con rentas elevadas o un patrimonio internacional relevante, la diferencia puede ser muy significativa.

Ejemplos prácticos

Conclusión: ser administrador no es suficiente

La reforma de 2023 ha convertido la Ley Beckham en una herramienta mucho más atractiva para empresarios extranjeros que desean trasladarse a España.

Pero existe una diferencia importante entre poder solicitar el régimen y poder mantenerlo durante sus seis años de duración.

Antes del traslado deben analizarse conjuntamente la fecha de constitución de la sociedad, el nombramiento del administrador, su porcentaje de participación, la posible consideración de la entidad como patrimonial, la actividad concreta que desarrollará el socio, su encuadramiento en Seguridad Social y la estructura real de la compañía.

Especialmente en sociedades de servicios profesionales, constituir una SL española y nombrarse administrador no convierte automáticamente en compatible con la Ley Beckham una actividad que, en realidad, sigue siendo desarrollada personalmente por el socio.

La pregunta correcta, por tanto, no es simplemente:

“¿Puedo acogerme a la Ley Beckham siendo administrador de mi propia sociedad?”

La pregunta debería ser:

“¿La sociedad, mis funciones y la forma en que voy a desarrollar mi actividad permiten conservar la Ley Beckham durante los seis años?”

Y esa es una cuestión que conviene resolver antes del desplazamiento a España, no después.

Este artículo tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento fiscal. La aplicación del régimen especial de impatriados debe analizarse atendiendo a las circunstancias concretas de cada contribuyente.

Desde Deyfin ETL podemos ayudarle a analizar su situación y a estructurar correctamente su traslado a España para determinar si puede acogerse al régimen de la Ley Beckham y minimizar los riesgos fiscales.

Borja González-Anta

Tax partner at ETL Global Deyfin